Fuentes y datos sobre la violencia contra las mujeres en México. Aprendizajes, dificultades y retos acumulados

Data Sources on Violence Against Women in Mexico: What We Have Learned, Further Difficulties and Challenges
Irene Casique Rodríguez*

PDF EPUB Edición: Vol. 8 Núm. 1 enero-abril 2017

PDF EPUB

 

 

     

Los datos estadísticos que dan cuenta de la violencia contra las mujeres permiten visibilizar y llamar la atención sobre este problema al mismo tiempo que hacen evidente su naturaleza transversal como un problema que atraviesa todas las sociedades y culturas. Su atención, prevención y eventual erradicación requiere de información precisa y oportuna sobre su ocurrencia, magnitud y factores asociados a sus distintas expresiones. Sólo sobre la base de información adecuada es posible orientar las acciones de los países y diseñar estrategias y políticas de atención al problema.

Este trabajo intenta plantear, de manera sintetizada, en primer lugar las principales fuentes de datos sobre el tema y sus respectivas bondades y limitaciones. Enseguida, se analizan los avances y aprendizajes acumulados, así como las dificultades y retos planteados que se desprenden de la tarea de generación de información sobre violencia contra las mujeres, con especial referencia a la situación en México. Palabras clave: violencia contra las mujeres; generación de datos; fuentes de datos.

 

Palabras clave: violencia contra las mujeres; generación de datos; fuentes de datos.

 

Statistical data on violence against women allow us to focus on this problem while pointing out its transversal nature as something that goes through all cultures and societies. Its attention, prevention, and utter eradication call for precise and appropriate information about how often does it happen, its magnitude, as well as all the other elements related to the different expressions of violence against women. We can influence on countries’ decisions towards this problem only by taking into account appropriate information, in order to design strategies and policies that address this issue.

With this article, we first intend to state succinctly which are the main data sources on this subject, and what are their virtues and limitations. Then, we analyse accumulated advances and learning, as well as difficulties and challenges derived from generating information about violence against women, with special attention on the situation in Mexico.

 

Key words: violence against women; data generation; data sources.

 

Recibido: 13 de julio de 2016

Aceptado: 24 de agosto de 2016


*
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México, irene@correo.crim.unam.mx

 

Fuentes de datos sobre violencia contra las mujeres. Ventajas y desventajas de cada uno

 

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió la violencia contra las mujeres como “…todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada…” (ONU, 1993). Posteriormente, en la convención de Belem Do Pará (1994) se reconoció como “…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado…”.

 

De estas amplias definiciones se ha derivado el reconocimiento de distintos tipos de violencia, según el ámbito en el que tiene lugar (doméstica o familiar, comunitaria, educativa, laboral o institucional) y la naturaleza de la agresión (psicológica o emocional, física, obstétrica, sexual, económica o patrimonial).

 

En América Latina y el Caribe, 48% de los países cuenta con información sobre violencia contra las mujeres, y México aparece como uno de los más avanzados de la región en la materia (Alméras y Calderón, 2012). Y si bien es cierto que estamos frente a una relativa abundancia de datos y estadísticas sobre el tema, la información existente resulta insuficiente y los datos que se generan a partir de las diversas fuentes son inconsistentes entre sí.

 

En las últimas dos décadas, México ha realizado importantes esfuerzos en la generación de información estadística sobre esto, obteniendo diversas estimaciones y cifras.

 

La generación de información y datos sobre la violencia contra las mujeres en este país se inició en la década de los 90 como respuesta a numerosas demandas de diversos sectores sociales, en particular de académicas y activistas feministas que pugnaban por el reconocimiento y visibilización del problema tanto en espacios públicos como privados.

 

En paralelo, México fue adquiriendo la responsabilidad de atender este problema social —y de dar cuenta de ello— al suscribir diversos acuerdos internacionales, como la Primera Conferencia Internacional de la Mujer realizada en México en 1975, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) en 1979, la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing en 1995 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres de Belem do Pará (Frías, 2014; Eternod, 2006).

 

Al fundamentarse en el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres, todos estos acuerdos y conferencias internacionales comenzaron a plantear la temática de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género que destaca el carácter relativo —socialmente construido y, por lo tanto, factible de de-construir y re-construir— de los significados socialmente atribuidos a lo femenino y lo masculino, a las relaciones entre mujeres y hombres, así como a los roles de género. Esta búsqueda de la igualdad entre los sexos se ha concretado en la adopción de la perspectiva de género como estrategia que consiste en “…una forma de ver la realidad y una forma de intervenir o actuar en ella, con el fin de equilibrar las oportunidades de los hombres y las mujeres para el acceso equitativo a los recursos, los servicios y el ejercicio de derechos…” (Guillerot, 2009). Y es desde esta perspectiva de género en la que se han intentado desarrollar en México las fuentes de datos sobre violencia contra las mujeres.

 

En fecha más reciente, la aprobación en 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) cristalizó el compromiso del Estado mexicano de prevenir, atender, sancionar y erradicar este problema, estableciendo, entre las diversas acciones a desarrollar, la generación y publicación periódica de información estadística sobre violencia contra las mujeres (Capítulo II, arts. IX y X).

 

Son dos las principales fuentes de información estadística sobre el tema: encuestas y registros administrativos.

 

Encuestas

 

Son instrumentos de recolección directa de la información entre individuos, hogares o instituciones, y representan una excelente fuente de información, siempre y cuando se lleven a cabo de manera profesional y atendiendo a los criterios de representatividad y aleatoriedad.

 

Una primera clasificación de las encuestas que recaban datos sobre la violencia contra las mujeres es la que distingue entre las especializadas, diseñadas para explorar más a profundidad el tema, y las multipropósitos, en las cuales se incluyen varios módulos con diversas temáticas (Ramírez y Echarri, 2010; Echarri, 2012).

 

Las encuestas especializadas suelen ser extensas y abordar diversos aspectos de la problemática, no sólo en los niveles de ocurrencia de las distintas formas de violencia contra las mujeres, sino los factores asociados a su ocurrencia, así como las consecuencias de la misma. Proporcionan información bastante detallada y podrían pensarse como la fuente de datos estadísticos ideal, aunque tienen la desventaja de resultar muy costosas. También, permiten atender cuestiones éticas,1 en mayor medida que las no especializadas.

 

Las encuestas multipropósitos están configuradas por distintos módulos temáticos, entre los cuales se incluye uno de violencia contra las mujeres. Por la diversidad de objetivos que persiguen, este tipo de levantamientos contiene un número más reducido de preguntas sobre esta temática en particular, lo que no permite ahondar tanto en el tema pero, a la vez, ofrecen la posibilidad de identificar y analizar vinculaciones entre la violencia examinada y otras problemáticas o temas abordados en los otros módulos de la misma encuesta (como contexto familiar, fecundidad, historia laboral de la mujer, etcétera).


Otra posible distinción entre encuestas se da con base en la orientación que las mismas dan a la problemática de la violencia contra las mujeres: las encuestas criminológicas, que la asumen como delito y las encuestas no criminológicas, que la abordan de manera más general, como problemática social vinculada a otras problemáticas sociales (Frías, 2017 en dictamen).

 

Este tipo de operativos estadísticos constituyen una herramienta fundamental en la recolección de información sobre violencia contra las mujeres. En la medida en que sean desarrolladas con representatividad a nivel nacional serán la fuente ideal en tanto que son las únicas que permiten la estimación de la prevalencia (magnitud) de las distintas expresiones de violencia.

 

Las encuestas criminológicas tienden a subestimar la prevalencia de violencia hacia las mujeres porque se enmarcan en un enfoque de victimización y delitos. Desde esa perspectiva dan cuenta sobre todo de actos de violencia, como delitos sexuales y homicidios de féminas, pero no abordan otras expresiones, como la violencia económica o la emocional por parte de la pareja ni la laboral o educativa, etcétera.


Algunos ejemplos de este tipo de encuestas en México son:

• Encuesta Nacional de Inseguridad (ENSI) ediciones 2005, 2009 y 2010 del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, la cual recoge información sobre delitos sexuales.

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) ediciones 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que recoge información acerca de agresión física, amenazas, hostigamiento sexual, intento de violación y violación sexual.

• Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014 de la Secretaría de Gobernación-INEGI, la cual cuestiona sobre conflictos familiares, violencia comunitaria, vandalismo y asaltos.

Las encuestas no criminológicas tienden a medir la prevalencia de la violencia con mayor fiabilidad que los estudios criminológicos, pero tienen, al menos, cuatro problemas: no se realizan de manera regular, tienden a centrarse en la violencia de pareja en algunos contextos, las definiciones conceptuales y operacionales del fenómeno no son consistentes y no siempre son representativas de la población total (Frías, 2017; en dictamen).

 

Ejemplos de ellas en el país son:

• Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) ediciones 2003, 2006, 2011 y 2016 (en proceso) del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)-INEGI.

• Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación Media Superior (ENEIVEMS) ediciones 2007, 2009 y 2013 de la Secretaría de Educación.

• Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo (ENVIN) 2007 realizada por el Instituto Nacional de la Juventud (INJ).

• Encuesta Nacional de Juventud (ENJUVE) ediciones 2000, 2005 y 2010 del INJ.

• Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM) ediciones 2003 y 2006 del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la cual se lleva a cabo cada seis años, la más reciente en 2012, por el INSP.

 

Registros administrativos

 

Se refieren a datos y registros derivados de las instituciones públicas en servicios sociales, de salud, cuerpos policiales, sistema de justicia, etc., que dan cuenta de los casos atendidos con propósitos fundamentalmente administrativos, pero que pueden ser empleados con fines estadísticos (Ramírez y Echarri, 2010).

 

La mayoría de los que proporcionan datos acerca de violencia contra las mujeres no están concebidos para ello ni focalizados en dar cuenta sobre esta problemática en particular y son, en realidad, escasos los que están centrados en este objetivo.

 

Algunos registros administrativos en México que recogen información sobre el tema de nuestro interés son:

• Estadísticas de la Procuraduría (a niveles estatal y federal). El problema particular en este caso es que el porcentaje de casos que se denuncia es muy bajo; por ejemplo, se ha estimado que en México sólo 26% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja acude a la policía o con alguna autoridad pública; este porcentaje varía, a su vez, por el tipo de violencia recibida: sólo 4% de las mujeres víctimas de violencia sexual acude con las autoridades (Frías, 2013).

• Estadísticas judiciales (referidas sólo a aquellos casos que han entrado al sistema judicial).

• Estadísticas del Sistema Nacional de Salud (SINAIS), con información sobre abuso sexual y violencia familiar.

• A partir de la implementación de la LGAMVLV se establece la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). Hasta ahora, sin embargo, esta base no se ha configurado ni ha funcionado en realidad; para el 2012, sólo dos de 33 entidades federativas la alimentaban con datos (Ríos Cázares, 2013).

 

Entre las principales ventajas que ofrecen los registros administrativos como fuentes de información acerca de la violencia contra las mujeres se encuentran la generación de información a bajo costo (ya que se desprende de registros llenados durante la provisión de servicios) y que los datos permiten procedimientos de seguimiento de los diversos servicios provistos por los programas e instituciones sociales, con la posibilidad de detectar necesidades insatisfechas en los usuarios, así como objetivos no alcanzados.

 

Al mismo tiempo, la información proveniente de registros administrativos suele plantear algunas limitaciones para su uso:

• Inconsistencia entre los datos de distintas fuentes. Pocas veces es posible compatibilizar la información compilada por las diversas instituciones (Alméras y Calderón, 2012), lo cual en parte es resultado de las diferencias de objetivos e intereses entre las instancias que las generan.

• Se observa ausencia de congruencia y homogeneidad en los datos que se generan en una misma institución o fuente de información administrativa en distintos momentos. Como señala Frías (2017), la generación de la información y la calidad de la misma está ligada a la voluntad y empeño de los empleados y directores de estas instituciones, así como de los fluctuantes o limitados recursos económicos de que disponen; ello implica que los indicadores que se recaban suelen variar de manera importante de un periodo a otro.

• Problema de autoselección de los datos: la información recabada está sesgada por el perfil de los usuarios de cada tipo de servicio; por ejemplo, los datos recolectados en instancias policiales y de justicia sólo reflejan la situación de aquellas —pocas— mujeres que se atreven a denunciar la violencia en su contra.

• En la medida en que las mujeres sólo tienden a acudir a instancias de salud y de justicia cuando las agresiones que sufren son muy severas o violentas, los registros administrativos únicamente tienden a captar determinadas expresiones de violencia contra ellas, usualmente las más severas, como: violaciones, agresiones físicas severas, feminicidios, etcétera.

• La información recabada con frecuencia está fragmentada e incompleta.

• Se suman, además, otras situaciones que suelen limitar la utilidad de la información disponible de los datos provenientes de registros administrativos: falta de actualización, periodicidad irregular e inadecuada desagregación de datos que hasta ahora se genera (muchas veces no se distingue por sexo, por ejemplo).

 

En general, los datos recabados por ambos tipos de fuentes buscan dar cuenta de la magnitud (prevalencia) del problema, así como de sus principales causas y consecuencias.


Es importante comprender que los datos sobre violencia contra las mujeres recolectados por medio de encuestas y los provenientes de registros administrativos no son excluyentes. No se trata de elegir entre un tipo de fuente u otra, lo ideal es tener información de ambas y que resulten complementarias (Alméras y Calderón, 2012).

 

Aprendizajes, dificultades y retos

En el proceso de diseñar y analizar diversos instrumentos de recolección de datos sobre la violencia contra las mujeres se van sumando éxitos y fracasos; se trata de un proceso que implica aprendizajes permanentes a partir de las experiencias tanto positivas como negativas; entre los acumulados, podemos destacar:

• Suma de diversos actores y sectores sociales en la tarea de generación de información. En el caso de México, la ENDIREH (2003, 2006 y 2011) representa la fuente más completa de datos sobre violencia contra las mujeres. El diseño de esta encuesta (que se ha modificado y enriquecido entre una edición y otra) ha resultado de un esfuerzo conjunto de instituciones públicas y académicas, organismos internacionales y sociedad civil, lo cual ha representado a la vez un reto (el cual ha estado ligado a la evidente complejidad de llegar a acuerdos entre los diversos actores e intereses involucrados) y un aprendizaje muy valioso; por la misma complejidad, la suma de diferentes objetivos y perspectivas en el diseño de los instrumentos de recolección ha propiciado, por una parte, una mirada más diversa y compleja sobre este problema social y sus connotaciones y, por lo tanto, de los elementos o aspectos sobre los que debemos indagar; por otra parte, con ello se ha garantizado que la información recabada sea efectivamente utilizada por los diversos actores sociales y resulte de utilidad a todos ellos.

• Recolección de información sobre diversas expresiones de violencia contra la mujer (no sólo violencia de pareja). Un aprendizaje concreto que hemos alcanzado a través de las sucesivas aplicaciones y análisis de la ENDIREH en México ha sido la imperante necesidad de ampliar la generación de información más allá de la violencia de pareja y familiar; es fundamental identificar y visibilizar otras expresiones de la violencia de género, que tiene lugar en otros ámbitos (además del doméstico) y es llevada a cabo por otros actores (además de la pareja), como la violencia contra las mujeres en los espacios educativos, laborales y comunitarios.
Siendo éste un problema presente en casi todos los espacios sociales, resulta insuficiente y parcial documentar sólo los del ámbito doméstico y familiar, y son importantes los esfuerzos de identificar tanto las otras expresiones como los vínculos que se desarrollan entre las expresiones privadas y públicas, individuales y colectivas de la violencia de género.
En la ENDIREH, en sus versiones 2006 y 2011, se incluyeron preguntas para indagar sobre expresiones de la violencia contra las mujeres además de la violencia de pareja. De esta manera, se preguntó por actos de violencia emocional, física, económica o sexual, acoso y hostigamiento que hubiesen ocurrido en el hogar o en otros ámbitos (espacios educativos, laborales o públicos) y por otros actores, distintos a la pareja (familiares, amigos, desconocidos). Con ello, se logró profundizar en el conocimiento del problema teniendo una mirada más integral del mismo.

• Levantamiento de información a nivel nacional y representativa de determinados subgrupos poblacionales. Otro aprendizaje importante en el proceso (también facilitado por la suma de diferentes actores e intereses en la concepción y diseño de los instrumentos de recolección de información sobre violencia contra las mujeres) ha sido el planteamiento de la necesidad e importancia de recopilar datos que reflejen las características del problema no sólo a nivel nacional, sino también para determinados subgrupos poblacionales de interés, como ha sido el caso de los diversos grupos indígenas de México. Al respecto, contamos en el país con la experiencia de la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres (ENSADEMI) 2008, desarrollada por el INSP, que recaba información de las mujeres indígenas, y ha permitido hacer evidentes las diferencias regionales y por etnias de las expresiones de violencia contra las mujeres. El levantamiento de encuestas como ésta va ligado, por supuesto, a esfuerzos técnicos y metodológicos claros, como el diseño de un marco muestral representativo de estos grupos indígenas, además de la elaboración y aplicación de cuestionarios en las distintas lenguas indígenas.

 

Por otra parte, también hay evidentes dificultades asociadas al proceso de generar información sobre el tema; destacan, entre otras:

• Cambios metodológicos que dificultan la comparabilidad de los datos. La incorporación de cambios o modificaciones en el marco muestral entre una encuesta y otra, así como en la población objetivo (por ejemplo, sólo mujeres unidas vs. mujeres en distintas situaciones conyugales) y en la estrategia de selección de las personas a entrevistar (por ejemplo, una sola mujer en cada hogar vs. todas las mujeres en el hogar) pueden obstaculizar la posibilidad de establecer comparaciones entre una encuesta y otra; con ello, se dificulta la identificación de cambios y tendencias de la violencia contra las mujeres a lo largo del tiempo, datos altamente relevantes para el diseño y evaluación de políticas públicas (Serrano y Casique, 2014).

• Dilemas éticos en torno al abordaje de mujeres víctimas de violencia. En contextos donde no existen instituciones o programas que puedan ofrecerles atención y salidas a la situación de violencia (o cuando sí existen, pero son ineficientes o inoperantes en la realidad), se les plantea tanto a las instituciones como a las personas involucradas en el proceso de recolección de información sobre violencia contra las mujeres —y de manera particular a las encuestadoras que entran en contacto directo con ellas— un dilema ético al requerir información sensible sobre la violencia que experimentan estas mujeres y no existir la posibilidad de canalizarlas hacia una posible salida de la misma.

• Necesidad de ofrecer contención psicológica para las encuestadoras y personal de atención a víctimas de violencia. En el desarrollo del trabajo de campo, cuando se trata del levantamiento de encuestas sobre violencia, así como en las diversas tareas que realiza el personal de centros de atención y asistencia, las encuestadoras y trabajadoras entran en contacto con mujeres víctimas de violencia, quienes hacen referencias a situaciones y circunstancias que pueden ser muy dramáticas y dolorosas y que, con relativa frecuencia, pueden generar en las mismas encuestadoras sentimientos de enojo, frustración, indignación e impotencia (Agoff y Castro, 2009), con la posibilidad de eventuales crisis emocionales. Surge, entonces, la necesidad de diseñar y ofrecer estrategias de contención psicológica a estas trabajadoras durante y después del levantamiento de la información.

 

Enfocando la atención hacia el futuro e intentando resumir a partir de los aprendizajes y dificultades que se desprenden del trabajo ya realizado, podemos finalmente enunciar algunas tareas y lineamientos que deberían orientar el trabajo futuro en torno a la generación de información estadística sobre violencia contra las mujeres y que constituyen nuestros principales retos:

• Necesidad de lograr la comparabilidad y la complementariedad entre encuestas y registros administrativos nacionales. La falta de comparabilidad entre los datos ya existentes sobre violencia contra las mujeres es resultado, en parte, de que los distintos esfuerzos realizados han carecido de un marco conceptual y normativo común a todos ellos (Ramírez y Echarri, 2010; Alméras y Calderón, 2012) que deje en claro tanto las definiciones de los distintos tipos de violencia como los indicadores necesarios para medirlas.
En México, la LGAMVLV identifica varios tipos de violencia (física, sexual, económica/patrimonial, emocional y feminicida), así como distintos ámbitos en los que ésta puede ocurrir (familiar, educativo, laboral, institucional y comunitario). La Ley puede ser un punto de partida para la elaboración de ese marco normativo, pero se requiere de esfuerzos adicionales para clarificar los conceptos ya contenidos en ella (por ejemplo, es preciso distinguir las definiciones de violencia económica y patrimonial) para incluir algunos elementos que no forman parte de ésta, así como una orientación hacia la operacionalización de los mismos con la identificación de sus correspondientes indicadores.
En este sentido, es importante también reconocer que pueden existir diferencias entre los objetivos y naturaleza de las definiciones y conceptos legales sobre la violencia contra las mujeres (que están orientados a la visibilización, identificación y distinción de conductas o acciones violentas sancionables) y lo que podrían ser definiciones más operativas (de las que puedan derivarse indicadores de medición dirigidos a la cuantificación de estos eventos).

• Comparabilidad a nivel internacional de los datos. La búsqueda de conciliación de la información y los datos que se generan a partir de las distintas fuentes debe orientarse no sólo desde una mirada nacional sino, también —de manera muy importante—, con una perspectiva internacional que permita establecer comparaciones con otros contextos y regiones, lo cual es de especial importancia en el monitoreo de los recién aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto de las metas relacionadas con la eliminación de la violencia contra las mujeres.

• Datos como insumo fundamental para el diseño y evaluación de las políticas públicas. Los datos recabados a través de las distintas fuentes de información sobre violencia contra las mujeres deben jugar un papel central en el análisis de esta situación en cada país y constituirse en el insumo fundamental para la formulación de políticas públicas y programas de prevención, atención y eliminación de este tipo de violencia. Al mismo tiempo, la generación periódica de datos constituye un excelente recurso para la evaluación de avances y cumplimiento de metas derivadas de estas políticas y de programas específicos originados de las mismas.
El reto es doble, pues no basta lograr la generación de información pertinente, con calidad y confiable sino, además, es esencial que la misma sea debidamente analizada e incorporada en el diseño de políticas públicas, así como en la evaluación del cumplimiento de metas concretas planteadas.

• Marco normativo común. Frente a estos diversos retos, y para poder darles respuestas, es importante asumir como primera tarea la definición de un marco normativo común, con definiciones e indicadores de los distintos tipos de violencia precisos y comunes, en los que deberían insertarse todos los esfuerzos de generación de estadísticas sobre violencia contra las mujeres que no se han hecho y que urge desarrollar.
Este marco normativo a definir debería fundamentarse, en el caso de México, tanto en las recomendaciones internacionales planteadas o derivadas de los distintos instrumentos y acuerdos signados por el Estado mexicano como en la ya existente LGAMVLV. En cualquier caso, su elaboración debería suponer una revisión crítica de las definiciones planteadas en esta ley y un ejercicio de conciliación de los indicadores que se desprenden de dichas definiciones con los indicadores propuestos a nivel internacional.


Fuentes

Agoff, C. y R. Castro. “El trabajo de distanciamiento de las entrevistadoras de la ENDIREH: patrones de interpretación de la violencia doméstica”, en: Estudios Sociológicos. XXVII. 2009, 80:451-476.
Alméras, D. y C. Calderón (coords.).
Si no se cuenta, no cuenta. Información sobre la violencia contra las mujeres. Cuadernos de la CEPAL 99, 2012.
Echarri, C. (coord.).
Panorama estadístico de la violencia en México. México, DF, Secretaría de Seguridad Pública-Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES), 2012, 315 pp.
Eternod, M.
Subsistema de violencia, la experiencia de México. Presentación en el VII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género en el Marco de las Metas del Milenio. 19 al 21 de septiembre de 2006. Aguascalientes, México.
Frías, S. “Strategies and Help-Seeking Behaviors among Mexican Women Experiencing Partner Violence”, en:
Violence Against Women. 2013, 19 (1):24-49.
______ “Ámbitos y formas de violencia contra las mujeres y niñas: evidencias a partir de las encuestas”, en:
Acta Sociológica. 2014, 65:11-36.
Frías, S. y A. Cazares. “After Rape: Mexican women´s Help-seeking and Access to Emergency Healthcare in Public Prosecutor´s Office´s”, en:
Feminist Criminology (on line first). 2016.
Ramírez, K. y C. Echarri.
Mapeo de procesos de atención y construcción de indicadores sobre casos de violencia contra las mujeres. Cuadernos de trabajo Núm. 1. México, DF, Instituto Nacional de las Mujeres, 2010, 234 pp.
Ríos Cázares, A.
Sistemas de información de los ministerios públicos con perspectiva de género. Informe nacional. México, DF, CIDE-INMUJERES, 2013, 144 pp.
Serrano, O. e I. Casique. “Caracterización sociodemográfica de la muestra de la ENDIREH 2011 en comparación con las ENDIREH 2006 y 2003”, en: Casique, I. y R. Castro (coords.).
Expresiones y contextos de la violencia contra las mujeres en México. Resultados de la ENDIREH 2011 en comparación con sus versiones previas 2003 y 2006. México, DF, Instituto Nacional de las Mujeres y Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, 423 pp.


1 El levantamiento de información sobre violencia contra las mujeres implica la consideración de dilemas éticos muy particulares que deben ser considerados de forma muy seria antes y durante la aplicación de las encuestas, entre ellos: tener el consentimiento explícito de las mujeres entrevistadas y la absoluta privacidad durante la aplicación de la encuesta —en particular, cuidar que la pareja de la mujer ni hijos mayores de 2 años estén presentes, lo que podría sesgar o inhibir las respuestas—, respetando siempre la libertad de la mujer de no desear responder determinadas preguntas o suspender la entrevista. Otro dilema ético potencial es el conflicto que se plantea al realizar el levantamiento de información sobre situaciones de violencia en contra de las mujeres en contextos en los que hay ausencia de instituciones y programas que puedan ofrecer orientación y apoyo, lo que supone dejarlas expuestas a sus circunstancias violentas sin ofrecer ninguna salida.
2 Si bien esta encuesta permitió dar cuenta de la problemática de violencia contra mujeres indígenas en México, queda aún pendiente la tarea de dar cuenta de esta situación entre otros grupos étnicos, como las mujeres afromexicanas.

 

Irene Casique

Autor

Socióloga por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), maestra en Demografía por El Colegio de México y doctora en Sociología por la Universidad de Texas, en Austin. Ha investigado sobre: género, empoderamiento de las mujeres, trabajo femenino, dinámica familiar, salud reproductiva y violencia doméstica. Desde 1999, es investigadora en el CRIM de la UNAM y miembro del SNI. Ha publicado: Power, Autonomy and Division of Labor in Mexican Dual-earner Families (2001) y Poder y autonomía de la mujer mexicana. Algunos determinantes (2004); con Roberto Castro: Estudios sobre cultura, género y violencia contra las mujeres (2008), Violencia de género en las parejas mexicanas (2008) y Violencia en el noviazgo entre los jóvenes mexicanos (2010).