Análisis comparativo de metodologías utilizadas para la medición de la corrupción

 Methodologies for Corruption
Measuring: a Comparative Analysis

 

David Arellano Gault,* Ulises Flores Llanos** y José Antonio Sánchez Cetina***

* Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE), david.arellano@cide.edu
** Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México, fflores@flacso.edu.mx
*** Estudiante de doctorado en la Universidad de Illinois, Chicago, jscnch2@uic.edu

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El artículo discute las limitaciones que se enfrentan al estudiar la corrupción como un fenómeno genérico que se puede medir. Éste es un concepto paraguas que intenta, con diversos grados de éxito, englobar diferentes prácticas y actos, los retos para su estimación son grandes. A partir del análisis de un grupo selecto de estrategias de medición tanto internacionales como otras creadas en México, se sostiene que hay una heterogeneidad de objetivos y conceptualizaciones en ellas. Para comprender esto, se comparan esas mediciones bajo un análisis de correspondencias múltiples, el cual nos permite observar la relación entre categorías más cercanas que contemplan los índices en sus aspectos metodológicos. Por último, se discuten los retos que se enfrentan para fortalecer en el futuro las estrategias de medición, probablemente a través de ser más focalizadas, por lo tanto, observando de forma metodológica prácticas y actos especificados con más claridad.

Palabras clave: corrupción; indicadores de corrupción; métodos de medición de corrupción.

 

This article discusses the limitations faced when studying corruption as a generic phenomenon that can be measured. Being corruption an umbrella concept that tries with varying degrees of success to encompass very diverse practices and acts, the challenges for its measurement are great. Based on the analysis of a select group of international and Mexican measurement strategies, it is argued that there is heterogeneity of objectives and conceptualizations in them. To understand this, we compare these measurements under a multiple correspondence analysis, which allows us to observe the relationship between the closest categories contemplated in the indexes according to their methodological aspects. Finally, we discuss the challenges that are faced to strengthen future measurement strategies, probably by being more focalized and so, methodologically observing more clearly specified practices and acts.

 Key words: corruption; corruption measure indexes; methodology for measuring corruption.

Recibido: 8 de marzo de 2018
Aceptado: 14 de octubre de 2018

Introducción

La corrupción es un problema presente en las sociedades contemporáneas para el cual existe un claro consenso, al menos en lo que se refiere a la gravedad de sus consecuencias y en la necesidad de combatirlo. Sin embargo, partiendo del principio de que aquello que se puede medir es más probable que se pueda comprender y, por lo tanto, enfrentar, sería también posible considerar que, sin formas al menos básicamente adecuadas de medición de un suceso, el poder comprenderlo y enfrentarlo se hace más difícil. La corrupción es un fenómeno (o más bien, un conjunto de éstos) que ha sido en particular resistente a ser medible. Parece entonces necesario analizar y discutir de manera más concreta las diferentes estrategias de medición que se han intentado y qué elementos metodológicos las caracterizan tanto en los esfuerzos a nivel internacional como nacional.

La primera dificultad para medirla es obvia: los actos que la caracterizan suelen ser ocultos, ya sea porque las personas involucradas no desean ser observadas y luego castigadas o porque la trama en la que los actos de corrupción se generan puede estar basada en una sofisticada estrategia de ocultamiento y engaño para que los posibles observadores de la situación no sepan lo que está pasando en realidad. Esta explicación arroja más luz de lo que aparenta, sobre todo en el modo en que hasta ahora se ha tratado de medir dicho fenómeno. Si un acto de esta índole es identificado y, de cierta forma, calificado y contabilizado, cuando se detecta o se conocen algunas pistas de su ocurrencia resulta lógico advertir que habrá un número y tamaño de hechos de los cuales no se conoce nada y, dado el éxito en mantenerse ocultos, no son contabilizados ni estudiados de alguna forma. Además, si ha habido una estrategia de ocultamiento, cualquiera que intente comprender lo que sucedió requiere pagar un alto costo para analizarla y descubrirla, todo con el fin de desenmascararla. Cuestión que, técnicamente, puede ser especializada y costosa, como sucede de forma clara con el análisis de los fraudes en todas sus variedades.

Medir la corrupción resulta, entonces, una tarea de múltiples dificultades y es una estrategia necesaria, pero que sufrirá de limitaciones. La utilidad o no de las mediciones puede ser una manera razonable de acercarse a la discusión. Tomando en cuenta esta perspectiva, el presente documento tiene como objetivo analizar de forma descriptiva diversas características metodológicas que tienen algunos de los índices de corrupción más utilizados o conocidos.1

El primer apartado busca explorar la dificultad de definir a la corrupción mediante la concentración de algunas aproximaciones al término —en el entendido de que no hay un consenso concreto sobre sus características, pero sí sobre su multiplicidad de manifestaciones—, al mismo tiempo que hace un repaso de las organizaciones a nivel internacional que se han involucrado en su medición, ofreciendo un análisis de algunas de sus características y utilidad metodológica. El segundo punto aborda los desafíos que implica conceptualizar distintas aristas de la corrupción y cómo se ha intentado medirlas, así como las herramientas e indicadores creados a nivel internacional para su cálculo, explicando de manera breve sus limitaciones. El tercero, relacionado con el anterior, sistematiza el análisis de los índices de las distintas agencias que estudian el fenómeno en el mundo y enfatiza sus fortalezas metodológicas, de modo que el artículo, en su conjunto, abone a la discusión sobre la construcción de herramientas que puedan medir de mejor manera no solo las consecuencias e implicaciones de los actos de corrupción, sino también los procesos y contextos en los que estos hechos se suscitan. Por último, se elabora un análisis de correspondencias múltiples entre las diversas características metodológicas encontradas en los índices tanto a nivel nacional como internacional con el fin de resaltar las que se relacionan más.

Complejidad del término y su relevancia como problema global y local

Como ya se explicó, la corrupción es un fenómeno presente en todo el mundo cuya naturaleza oculta hace difícil no solo su identificación sino medir sus dimensiones y grado de arraigo en determinadas sociedades, contextos y organizaciones. La idea principal sobre la cual se apoya este documento es que la complejidad de definir la corrupción gubernamental a nivel local y global, así como la naturaleza oculta de tales actos son elementos que han dificultado su entendimiento, medición y posterior combate. De ahí que en este primer apartado se explore la manera como se ha entendido el fenómeno a nivel internacional, en un primer momento y las principales organizaciones que tratan de medirlo.

Concepto sobrecargado de retórica

Los intentos por caracterizar y definir la corrupción no son recientes ni han sido pocos. Sin embargo, esta búsqueda ha probado ser compleja; parece existir un mayor número de metáforas y ejemplos que de aproximaciones conceptuales al término.

La comparación de la corrupción con malestares clínicos, enfermedades e, incluso, herencias de carácter genético es uno de los ejercicios más conocidos para explicar el tema (Arellano y Hernández, 2016). Aunque llamativos, estos recursos terminan solo por confundir sus posibles consecuencias sin realmente ahondar en sus causas, múltiples manifestaciones y dificultades para medirlas y caracterizarlas. Por ejemplo, al tratar de explicar a la corrupción como un cáncer sistémico o social, la figura está centrada usualmente en las implicaciones de su existencia o en sus consecuencias negativas, del mismo modo que puede hablarse de manera superficial de una enfermedad detallando los síntomas, pero no las causas.

Distintas organizaciones a nivel internacional han tratado de escapar de esta sobrecarga de retórica para definir al fenómeno y, aunque no existe aún consenso pleno en la dinámica, significado, variantes e implicaciones de la corrupción, pueden enlistarse algunas características comunes entre las definiciones elaboradas. El objetivo de reunir estos conceptos es identificar, en un apartado posterior, desde qué perspectiva se miden tales conceptualizaciones y qué elementos quedan fuera o no son susceptibles de calificar.

Probablemente, fue Joseph Nye (1967) uno de los primeros en definir la corrupción: “…un comportamiento que desvía los deberes formales de un rol público debido al sentido pecuniario privado (personal, familia cercana, camarilla privada) del estatus de ganancias o que viola las reglas del ejercicio del deber contra ciertos tipos de influencia privada…”. Esta definición fue retomada después por Susan Rose Ackerman (1978) y, más tarde, por diversos organismos, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial, para sintetizarla de forma más elemental pero útil, acotando su naturaleza y los posibles actores involucrados en un acto de corrupción, quedando como: “…el abuso de un puesto público para el beneficio privado…”, la cual implica que, quien incurra en el acto debe estar investido por un cargo público y emplear los medios o recursos que el puesto contiene para satisfacer intereses privados.

Por su parte, Transparencia Internacional (TI) emitió, un año más tarde, una definición similar a la antes comentada integrando a la misma que la manera en que se satisfacen intereses privados es mediante el mal uso del poder conferido (TI, 2000). Esta conceptualización agrega complejidad a la discusión pues trae a colación términos abstractos y relativamente subjetivos como mal y poder. En tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2001) no solo ahonda en la definición explicando que estos actos pueden tener fines propios, sino que también pueden ser realizados a pedido y en favor de terceros, y comienza con la categorización o identificación de determinados actos que pueden calificarse como corruptos (extorsión, soborno, uso inadecuado de información o bienes y tráfico de influencias). La intención de categorizar o enlistar estas tipologías del fenómeno es retomada también por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2003), agregando la malversación de fondos, el fraude y el nepotismo como vertientes de la corrupción.

Tratar de medir la corrupción mediante sus expresiones prácticas tiene, además, la intención de dotar de contenido a las acciones jurídicas en su contra, ya que tales manifestaciones corresponden a prácticas que los Estados pueden tipificar en sus jurisdicciones nacionales, incluso si no existe un consenso generalizado en el concepto marco de la corrupción. Prueba de ello es el listado de prácticas de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (OAA, 2007; ONU, 2004), que comprende soborno, malversación o peculado de recursos públicos o privados, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, encubrimiento y obstrucción de la justicia. Una clasificación de este tipo permite que los grupos de cooperación internacional de los Estados —también llamados taskforces— lleguen al menos a un consenso en las actividades ilícitas que sancionarán y en cómo entienden tales prácticas.

Aunque resulta operativamente satisfactoria, la comprensión de la corrupción solo por sus manifestaciones específicas resulta insuficiente para detallar su naturaleza y proponer mecanismos que lo combatan. Existen enfoques que, poniendo al centro al individuo o a la organización y desde perspectivas más económicas o burocráticas, abordan el fenómeno enriqueciendo la visión de en qué contexto surge, pero a la vez complejizando el estudio de sus causas y consecuencias basándose en el comportamiento de los actores en estas dinámicas (Mungiu-Pippidi, 2015; Arellano y Hernández, 2016).

Una vez que han sido explicadas algunas aproximaciones conceptuales a la corrupción y repasado las clasificaciones que han surgido de modo que pueda operativizarse y, sobre todo, perseguirse de manera judicial, es pertinente retomar el asunto de la importancia de estudiar el fenómeno por las repercusiones que tiene. Al igual que con su conceptualización, no existe un consenso general de los efectos de la corrupción, en parte porque su alcance es muy diverso y puede cobrar dimensiones considerables. El siguiente apartado trata el tema de su relevancia y perfila tres distintos enfoques desde donde puede estudiarse.

¿Qué tan grave es la corrupción y desde dónde puede abordarse de manera integral?

Ya se comentó el lugar común de comparar a la corrupción con una serie de malestares clínicos. Así como en la conceptualización, el estereotipo comparativo adolece también de ambigüedad y resulta poco útil cuando se trata de identificar los efectos reales de la corrupción. Partiendo del entendido de que se trata de un problema público, conviene aclarar que sus repercusiones van más allá de la pérdida de los recursos económicos que se emplearían para ciertos fines premeditados y se desviaron hacia otros propósitos. También, conviene destacar que sus efectos no son exclusivamente inmediatos y que, incluso aquéllos de mediano y largo aliento, suelen convertirse en prácticas institucionalizadas de manera informal (Mungiu-Pippidi, 2015). Su ámbito de impacto, del mismo modo, no es solo el propio del desarrollo económico.

La corrupción afecta a las tres esferas de acción que se desarrollan en líneas sucesivas: individual, organizacional y sistémico. De forma recíproca, éstas reducen la efectividad de un individuo para realizar metas colectivas y afectan en el plano individual a todos aquellos que dejan de percibir un beneficio esperado por la operación de las organizaciones que no materializan beneficios ante los hábitos de la práctica corrupta. Repercute, a su vez, en la efectividad de las organizaciones y en la legitimidad de los gobiernos, inhibe el desarrollo económico al desincentivar la inversión y generar ambientes poco competitivos, al mismo tiempo que encarece las relaciones sociales (Alcaide, 2004; Anechiarico, 2010; Rose-Ackerman, 2001; ASF, 2012).

Estos elementos sirven como punto de partida para identificar el impacto y las repercusiones de la corrupción en los distintos andadores mencionados, con la intención de conocer algunos enfoques desde donde el fenómeno puede estudiarse. Así, dado el tipo de interacción entre los actores que llevan a cabo una práctica de corrupción, pueden diferenciarse dos tipos de la misma: el primero refiere a la denominada corrupción extorsiva, entendida como la relación entre un receptor corrupto de una dádiva y un oferente activo o corruptor; y la denominada como colusiva, entendida como una relación estable y de mayor duración donde ciertos acuerdos se han institucionalizado y están basados en los roles organizacionales de los individuos y su interacción con agentes externos (Casar, 2015; Arellano y Hernández, 2015).

El problema que representa la afectación de la corrupción en tantas y tan diversas aristas radica en que es difícil medir de qué modo y magnitud las erosiona. Con ello puede distinguirse con certeza la multiplicidad de escenarios perjudiciales para el desarrollo de organizaciones públicas y privadas y el de las sociedades. Una vez planteados estos ámbitos de acción de la corrupción, es posible describir las características de los enfoques antes enlistados. Ellos están construidos a partir de lo que se entiende por la interacción que trata de identificar cada uno y, por ende, el tipo de corrupción que emana de tal relación.

El primero de ellos es el individual y consiste en colocar a la persona en el centro del análisis. Plantea, entonces, que los incentivos que un sujeto identifica lo conducen a maximizar sus beneficios y minimizar sus costos. Surge si éste maximiza dicha utilidad incurriendo en alguna de las prácticas citadas en el apartado anterior; una corrupción de carácter extorsivo que encuentra su lógica en la racionalidad del individuo, quien de manera oportunista (como lo refiere Mungiu-Pippidi, 2015) aprovecha la oportunidad para procurarse de beneficios que no le corresponden.

El segundo es el enfoque organizacional, que coloca a la dinámica colectiva en el centro del estudio. Los códigos formales, pero sobre todo los informales, son importantes y posibilitan la ocurrencia de actos de corrupción. Bajo las reglas establecidas y a través también de aquellas que se establecen de manera tácita en la interacción cotidiana, surge una corrupción de tipo colusivo, en la que los actores fundan relaciones de confianza y cooperación de largo aliento que les permiten no ser detectados mientras abusan de sus funciones. Las reglas organizacionales son el punto medular de análisis de este enfoque, pues a partir de ellas se sientan las condiciones bajo las cuales surgen o se contrarrestan actos corruptos.

Por último, está el sistémico, el cual parte de la premisa de que el fenómeno ha permeado todas las interacciones y se ha convertido en una práctica común e institucionalizada. A diferencia del organizacional, éste postula que las reglas informales rebasan con creces a las formales y la corrupción colusiva es, como suele decirse, el aceite que lubrica todas las relaciones en el sistema.

Como puede entenderse, se trata de tres aproximaciones que, aun cuando tienen algunas semejanzas, parten de puntos distintos y, sobre todo, centran como eje de análisis y de acción de combate a diferentes actores (el individuo, la organización y el sistema en general). Esta conceptualización, aunque complejiza más el estudio de la corrupción como un fenómeno de manifestaciones y efectos diversos, arroja luz sobre los elementos que: pueden medirse de la corrupción y los factores a considerar para su definición y control.

Desde la definición clásica de corrupción que establece que dichas prácticas se basan en el abuso del poder público para la obtención de beneficios privados (Rose-Ackerman, 1999), ésta se ha convertido en uno de los temas fundamentales a resolver, sobre todo en contextos democráticos, ya que la elección libre de los gobernantes y la expectativa generada por el respeto a la legalidad, el mandato de la mayoría y los sistemas de pesos y contrapesos parecen poner mayores expectativas en las acciones y los resultados gubernamentales.

A partir de la década de los 80, diversos organismos internacionales pusieron la atención en el tema de la corrupción en los países. Dichas mediciones centraron su interés en medidas que intentaban recabar la mayor información posible del fenómeno a escala nacional, intentando producir índices que reflejaran una aproximación a la medición del fenómeno, sin dilucidar aún la complejidad de sus manifestaciones.

Algunos estudios sobre la corrupción (Ades y DiTella 1996; Rose-Ackerman, 1999; Johnston, 2005; Treisman, 2007; Howthorne, 2015) han considerado diversas variables como causantes de ésta, o bien, al menos relacionadas con una alta percepción de corrupción. Se puede decir, de inicio, que los indicadores que basan sus resultados en la percepción del problema tienen el gran defecto de indagar sobre las relaciones que guarda la percepción del tema, pero no del problema en sí. Este proxi (el más utilizado por diversos estudios) ha planteado relaciones entre variables que se comportan de diversas formas y que no han permitido un análisis adecuado de su origen, incluso en algunas confundiendo causas o sus posibles efectos, pero siempre sobre la base de tres dimensiones: las afectaciones de carácter económico, las socioculturales-históricas o las político-administrativas.

Preguntarle a la gente sobre la corrupción es asumir una multiplicidad de sentidos del concepto (Donchev, 2009). Implica asumir que las personas observan el abuso que políticos(as) y funcionarios(as) hacen de las arcas de gobierno; a expensas de la afectación hecha hacia los beneficios potenciales que se hubiesen efectuado en la ciudadanía, pero implica, también, el desconcierto ocasionado en la mente de los(las) ciudadanos(as) que exigen mayor calidad gubernamental, considerando justificada en diversos momentos la acción del cohecho como parte de un mecanismo que intentaría paliar las deficiencias gubernamentales.

Algo que resalta en los análisis que utilizan los diversos índices de corrupción existentes a nivel internacional es el importante papel que juegan los efectos de la corrupción y los contextos específicos donde se desarrolla. Estos últimos acentúan las formas y tipologías en las que ocurre, haciendo necesaria la conformación de mediciones más específicas, pero rescatando la experiencia previa de las sistemáticas y las consideraciones metodológicas que hay al momento.

Por ello, se decidió analizar los criterios metodológicos de los diversos indicadores de corrupción con el fin de obtener un panorama que no ha sido del todo especificado en los estudios que elaboran comparaciones de las diversas mediciones de corrupción, sobre todo a nivel internacional. De forma adicional, se añaden diversas fuentes de información a nivel nacional bajo los mismos criterios con el propósito de ubicarlos en perspectiva, comparadas con los otros indicadores. Para ello, se establece un análisis gráfico de correspondencias múltiples con el objetivo de hacerlo más fácil.

¿Qué se puede medir y qué no de la corrupción?

Los indicadores o instrumentos de mediciónconsiderados en la elaboración de esta investigación fueron: Latinobarómetro; el índice de percepción de la corrupción (IPC) de TI; el estimado de control de la corrupción (ECC) del Banco Mundial; el índice de fuentes de soborno (IFS); el índice global de competitividad (IGC); el índice latinoamericano de transparencia presupuestaria (ILTP); el Bertelsmann Stiftung Index (BSI); el Reporte de integridad global (RIG) (Global Integrity Report); el índice nacional de corrupción y buen gobierno (INCBG) de Transparencia Mexicana; el índice de competitividad estatal (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO); el índice de presupuesto abierto (IPA) (Open Budget Index); el Barómetro Global de la Corrupción (BGC) de TI; la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); el Informe global de la corrupción (IGC); la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI; Los mexicanos vistos por sí mismos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)y el Country Policy and Institutional Assessment (CPIA) del Banco Mundial.4

La periodicidad con la que son realizados los reportes varía: 10 son de forma anual, mientras que seis son bianuales y cuatro no han tenido regularidad;el único que se ha llevado a cabo en una sola ocasión es el estudio de la UNAM, que comenzó en el 2015 (Arellano et al., 2016).

Con base en la información anterior, se hizo el estudio de gabinete de estos 21 indicadores disponibles a nivel nacional e internacional que miden algún tipo de corrupción, consistente en la revisión de metodologías, cuestionarios, bases de datos e informes de resultados, entre otros documentos que detallan las técnicas de recolección de datos y medición. De ellos, 11 son de instituciones extranjeras con muestras de países a nivel mundial y seis de nacionales, todas focalizadas en el caso mexicano. La idea es contrastar los elementos en común que poseen las mediciones de corrupción en el mundo, con las que se desarrollan en México.

Se consideraron diferentes tipos de corrupción: peculado, colusión, malversación de fondos y cohecho, entre otros, encontrándose una gran concentración en solo algunos de ellos, que se sintetizan más adelante. Se tomaron los resultados de los diversos indicadores comprendidos de 1995 al 2015, sin embargo, aquí no se analizan los resultados de manera longitudinal (que son detallados en el informe del que se deriva este artículo), sino el resultado general de las metodologías empleadas.

Se definieron varias características metodológicas con el fin de medir su fortaleza y establecer una clasificación general para compararlos. Para ello, se eligieron los siguientes atributos sobre los cuales se construye el índice, o bien, se elabora la medición de corrupción propuesta:

  • Verificabilidad. Consiste en analizar si está disponible la información necesaria para replicar el método de cálculo del indicador, o bien, comprobar los resultados; se define con una escala de alta, media y baja.
  • Claridad. Establece un criterio que evalúa si el indicador es claro en su construcción de acuerdo con el concepto; si éste señala la forma en la que fue construido sobre la base de la definición empleada.
  • Precisión. Establece una medición certera (que el indicador refleja de manera exhaustiva) de lo que caracteriza al fenómeno, sobre todo en repetidas observaciones.
  • Exclusión. Consiste en saber si el indicador representa o no un aspecto específico del fenómeno, o bien, si traslapa o confunde algunos aspectos, tipos o dimensiones.
  • Implica una valoración respecto a si el indicador está disponible en el momento adecuado para informar de decisiones de políticas.
  • Grado de relación que guarda el indicador con respecto a la medición de corrupción, es decir, si éste puede considerarse como una medición de algún tipo de corrupción o está relacionado con la percepción o si no guarda relación directa con el fenómeno. Se clasificó como alta, baja o media.

En general, a cada atributo definido se le estableció una medición categórica ordinal (alta, baja o media), salvo cuando éste es nominal, donde solo se menciona si tiene o no la característica.

Para hacer el análisis (y dado que son pocos datos), se eligió elaborar uno de carácter descriptivo basado en la asociación entre categorías que permite, en este caso, el análisis de correspondencias múltiples. Este trabajo tiene por objetivo reducir dimensionalmente las categorías de las variables de tablas cruzadas de información desde 2 x 2 hasta n x n, siempre que exista información disponible en las celdas. Esto sirve para establecer medidas de asociación llamadas perfiles, que ponderan los pesos relativos de las filas y las columnas, de tal forma que las medidas resultantes se asocien a partir de las frecuencias relativas de las variables restantes (Greenacre, 1993).

Uno de los objetivos principales es poder mapear en un gráfico los resultados de la reducción dimensional. Esto facilita la interpretación de las asociaciones entre categorías y establece, al menos, una reducción de dos dimensiones que intentan acumular la mayor varianza explicada, así como la distribución más acorde con el conjunto de relaciones entre las categorías de las variables (Blasius, 2011).

Se presentan, en primer lugar, algunas gráficas con estadísticos descriptivos de las variables consideradas. Después, se muestran los resultados de las inercias resultantes del modelo y de cada una de las dos dimensiones; se indican cuáles tienen mayor peso. Más adelante, se presenta el gráfico de correspondencias, con las interpretaciones en términos de la agrupación resultante; se informan los resultados generales del modelo y la distribución del gráfico para observar, de manera más fácil, qué indicadores se relacionan con qué niveles de las categorías consideradas. A continuación, se presentan los gráficos de las proporciones obtenidas en cada indicador para después mostrar los resultados del modelo general de correspondencias que considera los 17 indicadores señalados.

Principales resultados de indicadores comparados de corrupción

El porcentaje de indicadores que, en general, mostraron si se establecía con claridad la medición realizada se observa en la gráfica 1. En ella se ve que poco más de dos terceras partes de los indicadores estudiados poseen claridad conceptual. Sin embargo, una tercera parte muestra que no definen de manera correcta el concepto de corrupción. Uno de los problemas observados fue que las definiciones utilizadas eran inexactas o confusas.

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Respecto al indicador de verificación que se observa en la gráfica 2, se aprecia que la mitad de los indicadores son de acceso libre a sus bases de datos e información de carácter metodológico, lo cual da posibilidad de verificar sus resultados. Esto es importante ya que, en muchas ocasiones, no se tiene la posibilidad de entender el indicador y elaborar otro tipo de estudios, pues la información no está disponible, como ocurre en 35.3% de los indicadores que poseen disponibilidad de verificación baja.

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En lo que se refiere al indicador de precisión de la gráfica 3 se observa que 50% de los indicadores posee precisión media, sin menospreciar que 43.8% tiene alta y solo 6.2%, baja. Esto quiere decir que la precisión conceptual, aunque se reporta alta en varios indicadores, en más de la mitad (56.2%) puede llegar a tener algunos problemas y no ser tan precisa como pudiese esperarse.


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En la gráfica 4 se muestra el porcentaje de indicadores que pueden estar disponibles como insumos de información para el diseño o recomendaciones de políticas. Como se puede observar, la mitad presenta una oportunidad alta, mientras que 35.7%, una media y solo 14.3% de ellos, baja. En general, se aprecia que la mayoría de los indicadores puede presentar ventajas para la toma de decisiones con información oportuna y útil.

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Por su parte, en la variable del grado de relación con la corrupción presentada en la gráfica 5, se tiene que 41.2% cuenta con una alta, mientras que en 23.5% es de media y 35.3% tiene un grado bajo,esto es porque diversos indicadores miden la corrupción como parte de un problema en contexto, es decir, del funcionamiento del gobierno o la economía y no propiamente como una manifestación directa. Las mediciones indirectas o que no tienen tanta relación es porque no es el objetivo primario de las investigaciones y, por lo tanto, utilizan definiciones más ambiguas o generales para su medición.

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Por último, el indicador de exclusión presenta resultados solo de media y baja en los indicadores analizados (ver gráfica 6). En general, dada la complejidad del concepto y sus diversas manifestaciones, es difícil hallar un indicador que tenga un grado de exclusión alta, ya que las preguntas no suelen indagar en manifestaciones específicas del fenómeno por diversas razones, una de ellas podría ser la practicidad; otra, la familiaridad con la que la gente pudiera entender el nivel de desagregación en tipos de corrupción.


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En la gráfica 6 se observa que 52.9% de los indicadores posee un grado de exclusión media, mientras que 47.1% tiene uno bajo. En correspondencia con lo anteriormente mencionado, se puede decir que el grado de especificidad en los tipos de corrupción puede resultar en una tarea complicada de cumplir para obtener mediciones más focalizadas de manera conceptual.

En el cuadro se aprecian los resultados del Modelo de Correspondencias Múltiples, donde se ve que, de forma general, se reiteran las características del descriptivo antes expuesto, o sea, se puede decir que los indicadores de manera general son claros, con alta verificabilidad, precisión media, una baja exclusión conceptual, oportunidad alta de utilización y grado alto. De ello, en las dos dimensiones formadas, las que más contribuyen a la formación clara de las dimensiones son la categoría de oportunidad, precisión y grado, dados los valores de sus inercias. De estas tres categorías se observa que logran diferenciar dimensionalmente entre aquellos índices con calificación baja de los que tienen una alta y media. Destaca que los índices donde la calificación es baja en las características de precisión, oportunidad y grado están agrupadas en la dimensión 1, mientras que en la 2 se agrupan más en torno a las de grado, oportunidad y exclusión en las categorías media y alta.


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Con los resultados obtenidos se formó la gráfica 7, donde se observa que la dimensión 1 acumula poco más de la mitad del porcentaje de varianza explicada, mientras que la 2 suma 21.6% de ésta, dando un total de 72.2% de varianza explicada; además, se forman dos grupos distinguibles de manera regular: los del círculo rojo, que se caracterizan por una calificación media en las distintas categorías de análisis y los del azul que cuentan con valores altos en la mayoría de ellas, las que presentan un resultado bajo se encuentran más dispersas, dentro de las cuales resaltan los índices del Global Integrity Report (GIR) y el elaborado por el IMCO.


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Los correspondientes al grupo en el círculo rojo obtuvieron calificaciones de cumplimiento metodológico medio en: grado de relación, oportunidad, exclusión y verificación, mientras que en el del grupo azul, la precisión se encuentra con rango alto, al igual que las variables de verificación, grado y oportunidad, mientras que precisión aparece en media y la de claridad obtuvo una clasificación positiva. Lo anterior hace que el grupo del círculo azul sea el de las mejores evaluaciones metodológicas. En él se encuentran los índices de TI, el del Banco Mundial y el de la UNAM. En lo que respecta a los del círculo rojo, con evaluación media se encuentran los de la ENCIG y la ENVE, el de la fundación Bertelsmann, Latinobarómetro y el de Transparencia Mexicana.

Por otra parte, los índices que quedan fuera de ambos círculos son el del IMCO y el GIR, donde se dispersan y se distribuyen más las notas bajas. Los tipos de corrupción que son captados en mayor medida por el círculo azul son los de enriquecimiento ilícito y colusión, mientras que el cohecho y el peculado quedan entre ambos círculos. Observando con mayor detenimiento los resultados de evaluación media, los indicadores o instrumentos de medición que se encuentran en ambos círculos se asocian en mayor medida con el cohecho, por eso el resultado final se coloca en medio de ambos grupos.

Conclusiones

La corrupción, parece cada vez más claro, es un concepto paraguas que intenta, de manera poco exitosa en general, contener de forma congruente un grupo heterogéneo de prácticas, actos y sucesos que no solo suelen desarrollarse de manera oculta, sino que las personas, los grupos e, incluso, las organizaciones construyen muchas veces estrategias sofisticadas de ocultamiento y engaño, lo que los hace muy difíciles de observar. Entonces, es un concepto que engloba prácticas heterogéneas complicadas de ver y que, incluso observándolas, son difíciles de catalogar o procesar de manera contundente como ilegales o indebidas.

Los esfuerzos elaborados a nivel internacional para su medición son vastos y responden a diversas conceptualizaciones, así como a objetivos de investigación planteados por las fuentes que recaban la información. Generalizar la medición de un fenómeno que en diversas formas es contextual, que posee causas individuales, organizacionales y sistémicas implica elegir una concepción en particular de éste.

Los diferentes índices analizados nos han permitido observar las características por las cuales se ha abordado y estudiado el problema pero, sobre todo, conocer las características metodológicas mayormente utilizadas, de las cuales se pueden recabar las experiencias de estudio de diversos organismos; se puede decir que, en gran medida, los internacionales recaban su información y elaboran sus índices con criterios metodológicos estandarizados, bien llevados, dando oportunidad a la verificación de sus datos en diversos momentos, con claridad conceptual; incluso aquellos que muestran una evaluación media poseen diversas ventajas que deben ser consideradas para hacer que los estudios llevados a cabo en el tema sean pertinentes.

De esta investigación resalta el hecho de que la mayoría de los índices a nivel internacional privilegian las mediciones de la corrupción como cohecho, enriquecimiento ilícito y colusión. Dado que el espectro de tipologías de este fenómeno es muy amplio, al menos estos tipos en particular son estudiados y medidos en función de la percepción o el autorreporte de los individuos; una gran parte de los estudios prefiere las de percepción. Sin que esto reste validez a las mediciones de la corrupción, valdría la pena hacer esfuerzos conjuntos entre las organizaciones encargadas de esta labor para realizar otro tipo de cálculos para precisar algunos de los tipos de corrupción que se manifiestan en el país y no solo aquellos que mediáticamente tienen manifestación en las agendas políticas y administrativas de éstos.

Las mediciones, entonces, suelen tener un discurso general, aunque sean en realidad útiles para cuestiones más bien específicas, es decir, diversas evaluaciones suelen hablar de corrupción en genérico, pero en el fondo estudian determinadas prácticas o algunos actos indebidos específicos. Establecer con claridad cuáles se están analizando y no intentar englobarlos en un concepto de corrupción genérico puede ser una primera idea que ayude a la clarificación de los alcances y limitaciones de los esfuerzos de medición.

Una segunda idea es intentar hacer más explícito el fin de la medición: ¿se quiere en realidad medir el fenómeno con fines de análisis comparativos, longitudinales, de forma congruente?, o lo que se intenta es más bien generar opinión pública, fuerza argumentativa para impulsar a la sociedad a darle importancia al fenómeno y a la necesidad de reducirlo. Si es lo primero, lo que vale la pena entonces no es hablar de corrupción en genérico, sino puede que sea más adecuado especificar qué actos específicos se desea medir, de forma operativa clara y especificada de manera metodológica; ello permitiría realizar estudios comparativos y longitudinales, cuestión que hoy es muy poco probable que tenga sentido ante mediciones que no fueron construidas desde el principio con dicha lógica.

Cabe aclarar que no se está proponiendo que intentar hacer mediciones genéricas deje de ser útil. Lo son, pero sería pertinente —para avanzar en una lógica de medición controlada, comparable y metodológicamente válida— focalizar, especificar, clarificar y medir —cada vez con mayor precisión— actos y prácticas concretas que seguir asumiendo que el concepto paraguas de corrupción guarda congruencia suficiente para ser analizado por sí mismo como un fenómeno unitario.


Fuentes

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 Esta investigación y sus criterios analíticos fueron ampliamente discutidos y son derivados de una investigación en el marco de la convocatoria de Proyectos INEGI-CONACYT para generar un análisis comparativo de índices y datos de corrupción a nivel internacional. El presente artículo es una síntesis del trabajo y revisión de los documentos, metodologías y revisiones conceptuales elaborados para dicho proyecto.

2 En el caso de instrumentos de medición (como diversas encuestas mencionadas en este documento), se hizo un análisis de los reactivos que preguntan sobre corrupción, considerando si éstos medían percepción de corrupción, frecuencias, cantidad de dinero o construcción de un índice agregado de información y la forma en la que lo hacían. En este trabajo solo se pone el nombre principal de la fuente de datos analizada. Sugerimos, por lo tanto, ver el informe final para mayores detalles. Por economía de lenguaje se utiliza la palabra indicadores, por ser la más utilizada en estudios similares.

3 En particular la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad.

El informe final contempla 21 índices o instrumentos de medición analizados; sin embargo, para cuando se terminó este artículo, la matriz más completa de información la constituían estos 17.

Los estimadores de forma anual son el ECC, el BGC, el IPC, el IGC, el Latinobarómetro, el índice global de competitividad, el CPIA y el RIG. Las mediciones con una periodicidad bianual son la ENCIG, la ENVE, el ICE, el IPA y el ILTP. Finalmente, los que han sido reportados en periodos irregulares han sido el IFS, el INCBG y el RIG.

6 Las cifras están redondeadas.

David Arellano Gault

Autor

De nacionalidad mexicana. Es maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE) y doctor en Administración Pública por la Universidad de Colorado en Denver, Estados Unidos de América. Su experiencia en el ámbito laboral académico es vasta: ha sido profesor investigador, director de la División de Administración Pública y secretario Académico y director de Administración Pública del CIDE; además, es consultor en diversas dependencias nacionales e internacionales, lo que le ha permitido ocupar el Nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); fue director de la revista Gestión y Política Pública y coeditor de la revista Organization Studies; asimismo, ha sido miembro de los comités editoriales de revistas como Public Administration Review, Governance y Journal of Public Administration Theory an Practice. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.


Fernando Ulises Flores Llanos

Autor

De nacionalidad mexicana. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México y doctor en Políticas Públicas por el CIDE. Es especialista en temas de metodología y métodos cuantitativos aplicados a ciencias sociales, transparencia y acceso a la información pública; corrupción y educación superior. Ha participado en proyectos de investigación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).


José Antonio Sánchez Cetina

Autor

De nacionalidad mexicana. Es maestro en Administración y Políticas Públicas egresado del CIDE. Fue coordinador ejecutivo del Premio Gobierno y Gestión Local del 2011 al 2015. En la actualidad, cursa el primer año del Doctorado en Administración Pública en la Universidad de Illinois en Chicago. Sus áreas de investigación incluyen el desarrollo local, las políticas urbanas y la gobernanza metropolitana.