Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023

En el marco del SNIGSPIJ, específicamente de los trabajos del Comité Técnico Especializado de Información de Gobierno, desde el año 2009 se iniciaron las actividades de revisión y generación de lo que sería el primer instrumento de captación en materia de gobierno, en el que participaron los representantes de las principales instituciones y organizaciones que convergen en dicha materia.

Como resultado, se logró el acuerdo para generar información estadística en materia de gobierno con una visión integral, implementando así en 2010 el primer instrumento de captación en el ámbito estatal denominado Encuesta Nacional de Gobierno 2010 – Poder Ejecutivo Estatal (ENGPEE 10), con lo cual se inició una serie histórica de información que permite diseñar, monitorear y evaluar las políticas públicas en este tema.

Posteriormente, en 2011 se realizó el segundo levantamiento de este programa estadístico bajo la denominación de Censo Nacional de Gobierno 2011. Poder Ejecutivo Estatal (CNG 2011 PEE). El 20 de diciembre de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual la Junta de Gobierno del INEGI determinó como Información de Interés Nacional (IIN) los datos generados por este programa, otorgándoles el carácter de oficiales y de uso obligatorio para la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y los municipios, siendo a partir de ese momento que se institucionalizó como Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, por lo que dicha edición (con información 2010) se publicó con la denominación de IIN.

Desde entonces, se continuaron anualmente las labores de levantamiento del CNGSPSPE hasta su última edición en 2020, año a partir del cual se separa este programa estadístico en tres Censos Nacionales de Gobierno; cada uno orientado a las materias específicas de gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario:

• Censo Nacional de Gobiernos Estatales;
• Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal; y
• Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales.

Lo anterior, como resultado de las numerosas e importantes reformas constitucionales realizadas en los últimos años, entre las que destacan aquellas en materia de seguridad pública y combate a la corrupción. En consecuencia, el Estado mexicano ha transitado por un periodo de evolución, crecimiento y diversificación institucional, multiplicando con ello sus obligaciones, responsabilidades y facultades. Desde el punto de vista estadístico, los nuevos arreglos institucionales y compromisos establecidos por ley generaron nuevas necesidades de información, lo que incidió en la necesidad de realizar ajustes en materias y conceptos previamente establecidos.

Este proceso de segmentación implicó revocar la determinación de Información de Interés Nacional al CNGSPSPE mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI publicado el 29 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Este cambio tuvo como finalidad ampliar el alcance temático y analítico de cada rubro, así como adecuar conceptual y metodológicamente sus contenidos a las necesidades de información vigentes en las reformas constitucionales y en la transformación institucional del país.

Como resultado de dicha división, ahora se cuenta con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2022, cuyos resultados pueden ser consultados en la página de internet del Instituto: https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2022/.

Específicamente para la materia de protección civil es importante mencionar que durante 2021 y 2022 ocurrieron una serie de reuniones con personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), de la Dirección General de Protección Civil y de la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a efecto de consolidar un instrumento de captación que permita conocer de forma específica las capacidades operativas con las que cuentan las Unidades Estatales de Protección Civil u homólogas de las entidades federativas, retomando los contenidos establecidos en la Encuesta de Autoevaluación para las Unidades Estatales de Protección Civil, misma que fue implementada por dicha institución en ejercicios anteriores.

Asimismo, a partir del contexto nacional y de la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, que de ella emana, fue necesario comenzar a generar información específica sobre las capacidades institucionales de los servicios médicos forenses y periciales del país, así como del ejercicio de su función en cuanto a la identificación, disposición y almacenamientos de cadáveres y/ o de restos de seres humanos.

Derivado de las similitudes operativas con los temas de protección civil y servicios periciales, y considerando su naturaleza normativa, conceptual y metodológica, se tomó la decisión de elaborar un módulo específico con información asociada a la función de defensoría pública, retomando las principales necesidades de información existentes en la materia, así como los diseños institucionales establecidos para el ejercicio de la misma.

Como resultado, esta edición del CNGE consolida la información generada en dichas materias en tres módulos específicos, los cuales retoman y profundizan los contenidos que hacían parte de las respectivas secciones del módulo 1 en anteriores ediciones.

Por su parte, atendiendo a los procesos de levantamientos diferenciados establecidos para un mejor aprovechamiento de la información estadística, la presente edición del CNGE considera el tema de justicia cívica (aplicable únicamente a la Ciudad de México). Su finalidad es generar información estandarizada y comparable con la del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD); de tal forma que se generen datos con una misma temporalidad que permitan conocer la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México.

1. Generar información sobre la estructura organizacional y los recursos humanos, presupuestales y materiales de la Administración Pública de cada entidad federativa, así como del ejercicio de las funciones de gobierno realizado por las instituciones que la integran.

2. Generar información acerca de la estructura organizacional, recursos humanos, presupuestales y materiales, así como del ejercicio de la función de la Unidad Estatal de Protección Civil u homóloga de cada entidad federativa.

3. Generar información de la estructura organizacional, de los recursos humanos, presupuestales y materiales, así como del ejercicio de la función de la institución o unidad administrativa de la Administración Pública de cada entidad federativa, encargada de los servicios periciales y/ o servicio médico forense.

4. Generar información acerca de la estructura organizacional, de los recursos humanos, presupuestales y materiales, así como del ejercicio de la función de la institución o unidad administrativa de la Administración Pública de cada entidad federativa encargada de la defensoría pública o defensoría de oficio.

5. Generar información acerca de la infraestructura, recursos humanos de los juzgados cívicos de la Ciudad de México, así como de los elementos básicos del ejercicio de la función realizada por estos.

6. Generar información cualitativa y cuantitativa relacionada con el territorio de las administraciones públicas estatales, que permita apoyar la toma de decisiones enfocadas en las políticas públicas concernientes a los temas de seguridad en la tenencia de la tierra.

7. Generar información de la gestión y administración referente a la constitución, documentación, registro, seguridad, planeación y ordenamiento de datos relacionados con el territorio, vinculados con la población, sus derechos y sus obligaciones.

8. Generar información sobre la gestión del medio ambiente en la Administración Pública de cada entidad federativa, en términos del presupuesto y programas locales aplicados bajo un enfoque de desarrollo sostenible.

Anual.

Población objetivo

Gobierno (ámbito estatal).

Unidad de análisis

La unidad de análisis es la Administración Pública de cada entidad federativa, y de forma particular, las siguientes instituciones y/ o unidades administrativas de la misma:

• Secretaría de Gobierno u homóloga.
• Secretaría de Finanzas u homóloga.
• Secretaría de Desarrollo Social u homóloga.
• Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas u homóloga.
• Secretaría de la Contraloría u homóloga.
• Secretaría de Medio Ambiente u homóloga.
• Institución o unidad administrativa de servicios postpenales.
• Institución o unidad administrativa de supervisión de beneficios preliberacionales.
• Institución o unidad administrativa de tránsito y vialidad.
• Unidad Estatal de Protección Civil u homóloga.
• Institución o unidad administrativa encargada de los servicios periciales y/ o servicio médico forense.
• Institución o unidad administrativa de defensoría pública o defensoría de oficio.
• Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.
• Oficina catastral u homóloga.
• Instituto de Planeación, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Planeación Urbana u homólogo.
• Registro Público de la Propiedad u homólogo.

Temática censal

• Administración Pública de la entidad federativa.
  • Estructura organizacional, recursos y ejercicio de funciones específicas.
  • Trámites y servicios.
  • Programas sociales.
  • Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
  • Control interno y anticorrupción.
  • Participación ciudadana.
  • Contrataciones públicas.
  • Servicios postpenales y servicios para personas adolescentes egresadas y/ o en tratamiento externo.
  • Libertad condicionada.
  • Tránsito y vialidad.
  • Alojamientos de asistencia social.
  • Administración de archivos y gestión documental.

• Protección civil.
  • Marco normativo y programático.
  • Estructura organizacional y capacidad operativa.
  • Recursos humanos.
  • Recursos presupuestales.
  • Capacitación y difusión.
  • Consejo o Comité de Protección Civil u homólogo.
  • Atlas de Riesgos.
  • Fomento de la autoprotección civil.
  • Eventos atendidos.

• Servicios periciales.
  • Estructura organizacional y recursos.
  • Ejercicio de la función de los servicios periciales.
  • Ejercicio de la función del servicio médico forense.

• Defensoría pública.
  • Estructura organizacional y recursos.
  • Ejercicio de la función de defensoría pública.
  • Ejercicio de la función de asesoría jurídica.

• Justicia cívica.
  • Infraestructura.
  • Recursos humanos.
  • Ejercicio de la función.
  • Probables personas infractoras fallecidas.

• Medio ambiente.
  • Presupuesto de la dependencia estatal a cargo de la gestión del medio ambiente.
  • Agua, drenaje y tratamiento de aguas residuales municipales.
  • Suelo, uso del suelo y edificaciones.
  • Residuos.
  • Energía.
  • Atmósfera.
  • Biodiversidad y ecosistemas.
  • Cambio climático.
  • Asentamientos humanos, ciudades resilientes y sostenibles.
  • Educación ambiental.
  • Procuración de justicia ambiental.
  • Compras verdes.
  • Administración Pública sostenible.
  • Transporte y movilidad urbana.
  • Otros temas no considerados en los apartados anteriores.
  • Gobierno, medio ambiente y sector productivo.
  • Auditorías ambientales.
  • Certificación ambiental.
  • Monitoreo ambiental.

• Catastro, registro y territorio.
  • Catastro.
  • Registro público de la propiedad.
  • Planeación y gestión territorial.

Desarrollados por el INEGI

• Catálogo de Alojamientos de Asistencia Social; empleado por el Censo de Población y Vivienda, 2020.
• Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades, 2022.
• Clasificación de lenguas indígenas, 2018.

Externos 

• Catálogo de discapacidad; basado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del Grupo de Washington, 2001.
• Clasificador por Objeto del Gasto; empleado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, 2018.
• Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 2022.

Cuestionario del CNGE 2023:

• Módulo 1. Administración Pública de la entidad federativa.
• Módulo 2. Protección civil.
• Módulo 3. Servicios periciales.
• Módulo 4. Defensoría pública.
• Módulo 5. Justicia cívica.
• Módulo 6. Medio ambiente.
• Módulo 7. Catastro, registro y territorio.

• Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU, 1948.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU, 1981.
• Convención sobre los Derechos del Niño, ONU, 1990.
• Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, 1993.
• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, OEA, 2001.
• Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ONU, 2010.
• Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención. Observaciones y segunda parte de las recomendaciones. ONU, 2022.
• Convención Interamericana contra la Corrupción, OEA, 1997.
• Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ONU, 2005.
• Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, y Protocolo adicional al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal en relación con las autoridades de supervisión y los datos fronterizos, COE, 2018.
• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ONU, 1981.
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, OEA, 1998.
• Declaración y plataforma de acción de Beijing, ONU Mujeres, 2015.
• Recomendaciones del Comité CEDAW, ONU, 2018.
• Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, 2009.
• Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso Radilla Pacheco vs. México, 2009.
• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, ONU, 2015.
• Clasificación de las Funciones de Gobierno (COFOG), OCDE, 2021.
• Government at a Glance, OCDE, 2021.
• Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes, UNODC, 2013.
• Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, UNODC, 2013.
• Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, Cumbre Judicial Iberoamericana, 2018.
• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, ONU, 2015.
• Terminología sobre reducción del riesgo de desastres, UNISDR, 2009.
• Marco para el Desarrollo de las Estadísticas Ambientales (MDEA 2013), ONU, 2021.
• Marco para Estadísticas de Residuos, CE, 2021.
• Marco para la Administración Efectiva de la Tierra, ONU, 2019.
• Mejores prácticas registrales y catastrales en México, OCDE, 2012.
• Nueva Agenda Urbana, ONU, 2017.
• Integración de una perspectiva de género en las estadísticas, ONU, 2015.
• Manual de Estadísticas sobre Gobernanza, Grupo de Praia de la CENU, 2020.
• Marco estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género (también denominado “femicidio/feminicidio”), UNODC - ONU Mujeres, 2022.
• Boletín Estadístico Anual, IMELCF, 2022.
• Evaluation Report of European judicial systems 2020, CEPEJ, 2022.
• Federal Justice Statistics 2021, BJS, 2022.

2022 y 2023, este último solo para las preguntas que solicitan datos al momento de la aplicación del cuestionario.

Nacional.

Por entidad federativa.

Del 13 de marzo al 21 de julio de 2023.